El ataque ocurri en Isla Cristina, Andaluca, y estara ligado a una cadena de represalias iniciada en 2024.
Tres personas murieron y otras dos resultaron heridas este domingo por la noche en un tiroteo registrado enIsla Cristina, una localidad costera de la provincia andaluza de Huelva, cerca de la frontera con Portugal.
Entre los fallecidos se encuentran una mujer de 39 aos embarazada de ocho meses, otra mujer de 62 y un adolescente de 16 aos.
Los primeros indicios de la investigacin sitan el crimen dentro de una cadena de enfrentamientos entre familias relacionadas con el narcotrfico.
El ataque se produjo alrededor de las 22.00 horas en la barriada de El Roco.
Segn las primeras pesquisas, dos hombres encapuchados llegaron en motocicleta y uno de ellos realiz varios disparos con un arma larga antes de huir.
Un joven de 18 aos permanece herido de gravedad, mientras que una quinta persona sufri lesiones leves.
Los investigadores consideran que el objetivo del ataque estaba relacionado con el entorno de un hombre conocido como ‘El Baba’, actualmente en prisin preventiva por un asesinato cometido en septiembre de 2024 enEl Torrejn, un barrio de la cercana ciudad de Huelva.
Dos de las vctimas mortales de Isla Cristina eran familiares de ‘El Baba’ y el herido grave pertenece tambin a su crculo familiar.
El menor fallecido, en cambio, no tendra relacin con ninguno de los clanes enfrentados.
La muerte de 2024 abriuna sucesin de represaliasque no termin con la detencin del presunto autor.
En los meses posteriores se produjeron ataques contra viviendas, disparos con armas de gran potencia y nuevos enfrentamientos entre ambos entornos familiares.
Isla Cristina ya haba registradoen junio de 2025 otro tiroteo mortalvinculado a esta misma escalada.
La Guardia Civil mantiene abierta una investigacin para localizar a los responsables y reconstruir las circunstancias del ataque, mientras el juzgado ha declarado secretas las actuaciones.
El nuevo episodio vuelve a poner el foco sobrela violencia asociada al narcotrfico en Huelva, pocos das despus de que la Subdelegacin del Gobierno defendiera el refuerzo de la presin policial sobre estas organizaciones y sostuviera que la provincia mantiene unos niveles de criminalidad inferiores a la media nacional.