JUSTICIA PARA LAS INFANCIAS: MENDOZA SIENTA EN EL BANQUILLO A 17 RERESORES POR CRMENES CONTRA NIOS EN LA DICTADURA
En un hecho sin precedentes para la justicia transicional en Argentina, el Juzgado Federal N1 de Mendoza ha imputado formalmente a 17 exmiitares y expolicas por delitos de lesa humanidad cometidos contra 56 nios, nias y adolescentes durante la ltima dictadura militar (1976-1983). Este proceso judicial, que ha tomado un impulso renovado a finales de 2025, se centra en casos que durante dcadas permanecieron en la periferia de las megacausas, enfocndose ahora especficamente en el plan sistemtico que no solo buscaba la eliminacin de opositores polticos, sino el quebrantamiento y la apropiacin de sus descendientes. La imputacin incluye cargos por privacin abusiva de la libertad, tormentos agravados y la supresin de identidad de menores que fueron utilizados como herramientas de extorsin contra sus padres.
El expediente judicial detalla episodios de una crueldad estremecedora, donde menores de edad fueron mantenidos en centros clandestinos de detencin como el D-2 en Mendoza, expuestos a condiciones de hacinamiento e incertidumbre. Entre los casos ms emblemticos que sustentan la acusacin se encuentra el de bebs de apenas meses de vida que fueron utilizados como cebo por las fuerzas de seguridad para capturar a sus progenitores, permaneciendo semanas en comisaras bajo custodia de oficiales que ocultaron su paradero a sus familias biolgicas. Estas acciones, segn la fiscala, no fueron hechos aislados, sino parte de una poltica de Estado diseada para desarticular el ncleo familiar de quienes eran considerados enemigos del rgimen.
A nivel jurdico, este juicio se distingue por la calificacin de los delitos como delitos permanentes, lo que permite aplicar las escalas penales vigentes en el momento en que se restituye la identidad de las vctimas. La Oficina Fiscal de Derechos Humanos de Mendoza ha subrayado que la sustraccin y ocultamiento de menores no cesa hasta que el afectado conoce su origen real, un argumento ratificado por la Cmara de Casacin durante 2024 y 2025. Esta interpretacin legal es fundamental para evitar la prescripcin de los crmenes y asegura que los responsables enfrenten condenas que reflejen la gravedad de haber alterado el estado civil y la historia personal de decenas de ciudadanos que hoy, ya adultos, buscan reparacin.
El contexto poltico de este juicio es particularmente complejo, dado el desmantelamiento de unidades de investigacin clave como la UEI de la Comisin Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI) por parte del ejecutivo nacional a mediados de 2024. A pesar del recorte de fondos y la eliminacin de reas de apoyo tcnico, las Abuelas de Plaza de Mayo y las fiscalas locales han logrado sostener las causas gracias a la cooperacin internacional y el resguardo de archivos histricos. El anuncio de la aparicin del nieto 140 en julio de 2025 ha servido como un catalizador moral, demostrando que la bsqueda de la verdad sigue dando frutos a pesar de los desafos institucionales y el paso del tiempo.
Los acusados en este tramo de la megacausa mendocina pertenecen principalmente a estructuras de inteligencia y mandos medios de la polica provincial y el Ejrcito, sectores que gozaron de impunidad durante dcadas. La fiscala sostiene que estos agentes no solo ejecutaron los operativos de secuestro, sino que gestionaron la logstica de las maternidades clandestinas y el posterior abandono o entrega ilegal de los nios. El juicio busca no solo castigar a los culpables, sino tambin reconstruir el relato histrico de cmo la dictadura instrumentaliz la vulnerabilidad infantil para consolidar su poder, dejando una huella de trauma transgeneracional que la sociedad argentina an intenta sanar.
Con el inicio de las declaraciones indagatorias este diciembre de 2025, el proceso entra en su fase ms crtica de cara al 2026. La comunidad internacional de derechos humanos observa este juicio como un modelo de cmo abordar crmenes especficos contra la infancia en contextos de terrorismo de Estado. El veredicto esperado para el prximo ao no solo determinar la responsabilidad penal de los 17 imputados, sino que sentar un precedente sobre el derecho inalienable a la identidad y la memoria. Argentina reafirma as que, ante los crmenes de lesa humanidad, el banquillo de los acusados es el nico destino posible para quienes convirtieron el robo de nios en una poltica de exterminio.